- La Vieja Guardia

Alertan uso político de prisión preventiva

Fecha: 04 dic 2018

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que el uso de la prisión preventiva oficiosa viola tratados internacionales, transgrede derechos humanos y puede ser usada para reprimir a opositores políticos.

La semana pasada, en comisiones unidas del Senado fue aprobada una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución y ampliar el catálogo de los delitos que ameritan mantener en la cárcel a una persona sin que se le haya comprobado su culpabilidad.

"Se trata de una medida que trasciende a la vulneración de derechos, ya que afecta en lo general al buen funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública", advierte la ONU-DH en una carta enviada al Presidente del Senado, Martí Batres.

La minuta aprobada en comisiones contempla prisión preventiva oficiosa por uso de programas sociales con fines electorales, portación de armas exclusivas del Ejército, robo de transporte, desaparición de personas y abuso o violencia sexual contra menores.

Este martes, el Senado tiene programada la primera lectura de esta iniciativa y se prevé que el jueves le dé segunda lectura y se vote en el Pleno.

"La prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades recurren a fin de anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos", agrega el órgano de la ONU.

"Como puede ser la represión de movimientos sociales; la represión de manifestaciones públicas; el ataque a activistas, personas defensoras de derechos humanos o opositores políticos".

Advierte también que viola el derecho a la presunción de inocencia y vulnera la independencia judicial.

"Es incompatible con las políticas de seguridad ciudadana y la apuesta por esta medida es una salida falsa en materia de seguridad", agrega.

En otra carta enviada también al Senado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, también de Naciones Unidas considera que la medida debilita los derechos y garantías al debido proceso, la libertad y la igualdad y la no discriminación.

"Las reformas constitucionales y legales propuestas llevarían a México a una situación aún más distante del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", alertaron.

Fuente: Reforma.