Luego de que venció el plazo para aclarar irregularidades durante la gestión de Rosario Robles en Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 24 denuncias ante la PGR.

Los hechos denunciados derivan de 11 auditorías, en las cuales la ASF documentó un reiterado mecanismo de subcontratación y simulación que, en algunos casos, se presume desvío de recursos y, en otros, un mal gasto de los mismos.

Las 24 denuncias fueron presentadas entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017, luego de que se agotaron los plazos legales sin poder justificar las observaciones formuladas por la ASF.

Dentro de esas acusaciones no están contempladas las últimas seis auditorías forenses que la ASF dio a conocer en febrero pasado y en las cuales se detectó un presunto desvío de 2 mil 130.9 millones de pesos.

A pesar de que algunas de las 24 denuncias ya cumplieron más de dos años de que fueron presentadas, hasta el momento la PGR no ha informado si ya realizó alguna consignación.

Las más antiguas, que datan de octubre de 2015, derivaron de las auditorías forenses 246 y 269 de la Cuenta Pública 2013.

En ellas, la ASF determinó que Sedesol contrató a las universidades autónomas del Estado de México y Morelos, que a su vez subcontrataron a proveedores para realizar los servicios que les fueron encomendados.

Sin embargo, la mayoría de los trabajos se hicieron incompletos, hubo pagos en exceso, se transfirieron recursos a empresas fantasma y las universidades cobraron de manera ilegal una comisión por ejercer como intermediarias.

Un ejemplo de las irregularidades cometidas está contenido en la auditoría 269, en la que se revisó si efectivamente se había entregado medio millón de despensas a familias pobres en 400 municipios, cosa que no ocurrió, lo cual generó un afectación al erario de 396.8 millones de pesos.

Según los informes de resultados emitidos en su momento por la ASF, el monto de las irregularidades detectadas en las auditorías que motivaron denuncias ascendió a 3 mil 521.1 millones de pesos, que representa el 48.1 por ciento del total de recursos fiscalizados.

Es decir, casi la mitad de cada peso ejercido fue mal utilizado o destinado a fines distintos para los cuales fue presupuestado y que en algunos casos tenía como propósito ayudar a los más desprotegidos.

Fuente: Reforma.