Ciudadanos exponen iniciativas para el combate a la corrupción

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Mérida, Yucatán, 08 de octubre de 2018.- Ciudadanos, servidores públicos y representantes de la sociedad civil organizada se dieron cita este día en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con la finalidad de proponer el rumbo para la creación de políticas públicas en materia del combate a la corrupción, en el Sexto Foro Regional sobre la Política Nacional Anticorrupción, organizado por el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) del CIDE.

En coordinación con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), se realizaron cinco mesas de discusión con el objetivo de llegar a conclusiones que aporten contenido a la política nacional.

Durante su mensaje en la inauguración del evento, la Comisionada Presidenta del Inaip Yucatán, María Eugenia Sansores Ruz, dijo que el Instituto, como órgano garante e integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, trabaja todos los días para garantizar a los ciudadanos el Derecho de Acceso a la Información Pública, como parte del engranaje para el combate a la corrupción.

“El Derecho de Acceso a la Información Pública no es un fin, es un medio y tampoco es una moda, ni una ocurrencia, sino que surge de la necesidad de que los ciudadanos cuenten con información directa y fidedigna, para eventualmente ir recuperando la desgastada confianza en sus instituciones”, apuntó.

Acompañada de los comisionados Susana Aguilar Covarrubias y Aldrin Briceño Conrado, reconoció también la participación de la sociedad civil para la creación de mecanismos que combatan la corrupción.

Ante el director de la Facultad de Derecho de la UADY, Carlos Alberto Macedonio, quien acudió en representación del rector de la casa de estudios, José de Jesús Williams y mencionó que la actuación de los servidores públicos debe ser documentada con el fin de generar acciones que regeneren la confianza entre los ciudadanos y los actores políticos.

Antes de declarar inauguradas las actividades del día, Macedonio Hernández, celebró que estos foros regionales busquen los mecanismos para generar ideas que eviten la corrupción, misma que describió como “un cáncer para la sociedad”.

Posteriormente Mauricio Merino Hernández, catedrático del CIDE ofreció una ponencia introductoria en la que expuso el origen y la finalidad de las acciones que el PIRC realiza para erradicar las acciones que han generado la corrupción e incentivar mecanismos que promuevan la transparencia en la sociedad y las instituciones públicas.

La dinámica de trabajo se centró en cinco mesas de participación simultáneas divididas en los siguientes temas: la mesa 1 "Puntos de contacto e intermediarios de la corrupción", coordinada por Jaime Hernández Colorado; la mesa 2 "Profesionalización", contó con la coordinación del Mtro. Álvaro de Jesús Carcaño Loeza; la mesa 3, "Responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo", coordinada por Óscar López Chan; y la mesa 4, "Redes de corrupción", por Ana Elena Fierro Ferráez. El Comisionado del Inaip Yucatán, Aldrin Briceño Conrado coordinó la mesa 5, "Participación ciudadana y derechos humanos".

Tras la jornada de discusión en grupos, los coordinadores de cada mesa expusieron las conclusiones finales de los temas, centradas principalmente en la reconstrucción de la confianza entre el ciudadano y el sector público con acciones encaminadas y definidas a ello.

Otro de los puntos abordados durante la etapa final de este Foro fue la necesidad de otorgar capacitación abierta a los ciudadanos para conocer y empoderarse de sus derechos, y que de esta manera puedan participar en las convocatorias abiertas para ser ejes fundamentales de las acciones de vigilancia y control presupuestal, así como a diferentes cargos públicos.

Se propusieron también prácticas de Gobierno Abierto como una herramienta para la solución de problemas en la sociedad derivados de la corrupción, sugiriendo la protección de informantes y denunciantes para así manejar de forma más eficiente las quejas de los ciudadanos que señalan actos de corrupción.

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