Derechos humanos: la descomposición

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Casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque la administración no empezó mal.

En diciembre de 2012, el recién estrenado gobierno federal entregaba el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes. Y, unas semanas después, en enero de 2013, el Presidente promulgó la Ley General de Víctimas que había sido vetada por su antecesor, Felipe Calderón; esto permitió crear, con altas expectativas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Derechos Humanos fueron reconocidos por la sociedad civil, que participó en foros de consulta para diseñarlos.

Con ese respaldo, el entonces canciller José Antonio Meade acudió a Ginebra, Suiza, en octubre de 2013, para representar al Estado mexicano en su segundo Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación más extensa que se hace a un país dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ahí, Meade presumió: "las instituciones del Gobierno federal que hacen uso de la fuerza pública cuentan con protocolos que regulan y delimitan su actuación en un marco de pleno respeto a los derechos humanos. La atención a las víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos es prueba de que México aborda la problemática de seguridad con un nuevo enfoque".

Pero llegó el 2014 y con él los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos: Tlatlaya y Ayotzinapa.

Para Maureen Meyer, directora del programa sobre México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el caso de la desaparición de los 43 normalistas es emblemático no sólo por lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

"Es un caso muy grave, también, por todo lo que siguió después: obstrucción de justicia, alegaciones de tortura, detenciones arbitrarias; creo que marca y revela mucho de los retos que tiene el gobierno federal en materia de derechos humanos; que sus propios agentes no solamente no están investigando los delitos de violaciones a derechos humanos, sino que también están perpetrando otros en sus investigaciones", planteó.

"El otro caso emblemático fue Tlatlaya, en cuanto a uso excesivo de la fuerza, por la documentación que existió de la ejecución extrajudicial de por lo menos 12 personas, y por la alteración de evidencias".

Después de Tlatlaya, en junio de 2014, y Ayotzinapa, en septiembre del mismo año, le siguieron Apatzingán, en enero de 2015, y Tanhuato, cuatro meses después. En ambos, se acusa a la Policía Federal de ejecuciones arbitrarias.

Si con Felipe Calderón tomaron relevancia los secuestros, las extorsiones y los homicidios, en la administración de Peña Nieto los casos más sonados giraron en torno a las desapariciones, la tortura y las ejecuciones arbitrarias. Y, hacia finales del sexenio, los datos se impusieron sobre el discurso oficial.

Las desapariciones continuaron aumentando. En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación informó de un registro de 26 mil 121 personas desaparecidas en el sexenio de Calderón. La cifra escandalizó. Casi seis años después, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que dejó de actualizarse el 30 de abril pasado, contabilizaba 37 mil 435 casos, de los cuales 22 mil 983 ocurrieron ya en este sexenio.

Aunque la cifra no distingue entre las personas que fueron víctimas de un acto delictivo o aquellas que simplemente se extraviaron, muchos casos, incluido el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, están fuera del registro, pues oficialmente son investigados como secuestros, o simplemente no se denuncian.

En tanto, en febrero pasado, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la PGR, creada en octubre de 2015, reportó que había iniciado 8 mil 335 investigaciones, pero sólo ejerció acción penal en mil 741.

Los homicidios disminuyeron en 2013 y 2014, pero repuntaron con más fuerza y en abril pasado superaron ya a los registrados en todo el sexenio anterior. En los seis años de la gestión panista se iniciaron 102 mil 327 carpetas de investigación por ese delito, mientras que con el PRI se contabilizaron, hasta el último día de marzo de 2018, 104 mil 673 casos.

Los feminicidios incrementaron 105.7 por ciento en los últimos tres años. Entre enero y septiembre de 2015 se denunciaron 295 casos, mientras que en el mismo lapso de este año sumaron 607.

En esta letanía de la desgracia, una de las instituciones mexicanas más afectadas ha sido el Ejército, pues aunque disminuyeron casi 60 por ciento las quejas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo concluyó, por ejemplo, que militares ejecutaron en 2017 arbitrariamente a un huachicolero que ya estaba sometido en el suelo tras un operativo en Palmarito, Puebla; mientras que en 2016, en Tepatitlán, Jalisco, los soldados retuvieron a tres civiles, torturaron a uno y privaron de la vida a dos.

En 2016, una soldado fue filmada en Ajuchitlán, Guerrero, mientras torturaba a una mujer con una bolsa de plástico en la cabeza, por lo que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ofreció una histórica disculpa pública en la explanada principal del Campo Militar Número 1.

La Marina no quedó exenta de los señalamientos. En una sola recomendación, la CNDH exhibió un patrón de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y tortura contra 17 personas en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas, entre 2013 y 2017.

En medio de esa situación, México recibió visitas de diversos expertos internacionales, principalmente durante 2015, tras lo cual el Gobierno abrió un nuevo frente al desconocer sus conclusiones y tratar de desacreditar a los especialistas.

En mayo de 2014, el Relator Especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez, concluyó una visita de dos semanas en México, tras la cual advirtió que ese delito era una práctica generalizada en el país, postura que mantuvo en su informe de marzo de 2015.

El gobierno federal rechazó desde el inicio esa conclusión, y el canciller Meade, quien en Ginebra había destacado la colaboración de los organismos internacionales, respaldó descalificaciones contra Méndez que lo acusaban de no ser profesional ni ético.

En febrero de 2015, México compareció en Ginebra ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que también concluyó que ese delito es generalizado y que impera la impunidad en el país, lo cual fue nuevamente desconocido por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para indagar el caso Ayotzinapa, el 2 de marzo de 2015 llegó a México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por cinco especialistas que luego de su primer informe fueron atacados en lo que ellos mismos consideran una campaña de desprestigio, la cual terminó con su salida de México el 30 de abril de 2016.

Pese a estas críticas y las tensiones con organismos internacionales, el Gobierno de México se vio obligado a invitar al pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita in loco al país, en septiembre de 2015, para evitar que el organismo incluyera a México en la lista de las naciones que violan derechos humanos de manera sistemática.

Y es que México iba a ser agregado en el capítulo cuatro del informe anual de la CIDH, donde se encuentran los Estados que incumplen sistemáticamente los derechos de sus habitantes, pero reglamentariamente existe la salvaguarda de invitar a la Comisión a una visita in loco a cambio de no estar en esa "lista negra".

Al concluir su visita, la CIDH señaló que en México se vivía una grave crisis humanitaria con niveles críticos de impunidad, lo que fue rechazado en los días siguientes por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y hasta el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, César Camacho.

Tres días después de la visita de la CIDH, el 5 de octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, inició una visita oficial de tres días de la que salió sorprendido por los niveles de violencia registrados en un país que no está en guerra, pero también reprochó la intolerancia del gobierno federal.

"En lugar de matar al mensajero, concentrémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México", dijo, "hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México".

Después de esas visitas, el gobierno de Enrique Peña Nieto no permitió que los integrantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas vinieran a México, a pesar de que ellos lo pidieron en diferentes ocasiones. Tampoco ratificó su competencia para que conozca e indague casos particulares.

A partir de ahí, cambió la postura del gobierno con los organismos internacionales de derechos humanos.

En octubre de 2015, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores retiró de último momento la postulación del experto en derechos humanos Miguel Sarre para integrarse al Comité contra la Tortura, y en su lugar postuló al embajador en retiro Claude Heller.

Y, en junio de 2017, la misma Cancillería llevó al embajador Joel Hernández, quien era Director General para la Organización de las Naciones Unidas en la SRE, a ocupar un lugar como comisionado de la CIDH.

Regresión

Para Santiago Corcuera, quien siendo presidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU no recibió el respaldo del Gobierno para seguir en ese puesto, la estrategia fue impulsar la agenda del Estado y no la de las víctimas.

"En lugar de designar a expertos independientes, ahora designan embajadores en retiro o en activo, como el caso de Joel Hernández en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su esposa es la embajadora de México en Ginebra", comentó.

"Los ponen ahí para hacer avanzar la agenda del Estado no de las víctimas, para frenar el desarrollo de cualquier decisión que pudiera usarse como precedente para afectar los intereses de México"

Para Emilio Álvarez Icaza, quien era Secretario Ejecutivo de la CIDH cuando el órgano fue atado por su informe sobre México y el papel del GIEI, la política en materia de derechos humanos fue de regresión en el sexenio.

"En lugar de mandar señales de asumir el desafío, se da el quiebre de empezar a atacar a los organismos internacionales, y viene la regresión, cuando ocurren Ayotzinapa y Tlatlaya hay una desesperación por tratar de contener", reflexiona el ahora senador sin partido.

"La Cancillería mexicana es un aparato que sigue instrucciones, entonces si el jefe dice 'a trabajar con los organismos de derechos humanos', son muy amables, y si dicen 'a golpear', pues golpean".

ATAQUES A PERIODISTAS

En este sexenio han transcurrido los dos años más sangrientos para el ejercicio periodístico de los últimos 18 años.

El 2017 fue el más violento de todos, con 12 asesinatos, seguido del 2016, con 11, según las cifras de la organización Artículo 19.

En 2018, ya suman ocho homicidios, el más reciente el de Gabriel Soriano Kuri, asesinado el 24 de octubre en Acapulco, Guerrero, con lo que la administración Peña Nieto suma 47 periodistas asesinados, apenas uno menos que con Felipe Calderón.

Para Maureen Meyer, de WOLA, éste ha sido un sexenio alarmante en cuanto a asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos.

México, concluyen diversas organizaciones internacionales, es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio.

Fuente: Reforma.

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