La defensa de Elba Esther Gordillo presentará este jueves en Washington una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por graves violaciones a los derechos fundamentales de la maestra, ya que se ha demostrado “que el Estado mexicano le ha dado un trato de presa política”.

La queja será presentada por el abogado Marco Antonio del Toro, quien afirmó que aportará evidencia y datos que acreditan la persecución por parte de autoridades gubernamentales, con la anuencia de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación “que han traicionado su obligación de ser imparciales al momento de impartir justicia y se han sometido al Poder Ejecutivo”.

A través de un comunicado, Del Toro mencionó que es una tragedia que cualquier persona se vea encarcelada por diferencias de opinión con el gobierno, en este caso relacionadas con la reforma educativa, concretamente con los derechos laborales del magisterio nacional.

“La queja ante la CIDH seguirá su trámite hasta el momento en que sea transferida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual deberá determinar una sanción contra el Estado mexicano, por esta evidente persecución política de la que ha sido víctima la maestra”, indicó el litigante.

Aseguró que la averiguación previa de la maestra se integró en siete días, del 13 de febrero de 2013 al 20 de febrero del mismo, por delitos que le garantizaron al gobierno -por su gravedad-, la prisión preventiva de Elba Esther, quien actualmente enfrenta un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Se hizo con prisa y con gravísimas inconsistencias. Pero sobretodo se hizo a sabiendas que las conductas imputadas no resisten un análisis jurídico serio. A final de cuentas eso no importaba si para ello se pudo operar que el asunto fuera puesto en manos de un juzgado a modo y algunos funcionarios judiciales claves que se hicieran cargo de que las resoluciones de aquel resistieran los recursos legales de defensa que se fueran planteando en el último eslabón judicial del juicio de amparo”.

Fuente: Milenio