Cd. de México (07 julio 2018).- El valor de 61.4 millones de pesos por el que la Sedatu vendió un predio de 262.5 hectáreas en Quintana Roo fue establecido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), aseguró ayer Mario Miguel de la Fuente, director general de la Propiedad Rural.

En entrevista, el funcionario sostuvo que en el avalúo no intervino la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sino que corrió a cargo de un perito del Indaabin, hoy adscrito a la Secretaría de Hacienda, pero que en ese entonces pertenecía a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

"El precio de los 61 millones es un tema ajeno a la Secretaría, es un tema del Indaabin, de los criterios técnicos que manejan y son los que determinaron el monto, no tiene nada que ver la Sedatu", afirmó.

REFORMA publicó ayer que la Sedatu vendió en febrero de 2016 el predio a una vigésima parte de los mil 239.8 millones de pesos que un perito de la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que valía.

De acuerdo con el dictamen emitido por el Indaabin, la estimación del precio se hizo en función de un enfoque comparativo con otros predios similares en la zona y un enfoque de costos; en ambos casos el precio resultante fue de 61.4 millones de pesos.

El perito consideró en su avalúo que el predio, ubicado a la altura del kilómetro 275 de la carretera federal Chetumal-Cancún, a 15 kilómetros de Playa del Carmen, presentaba restricciones importantes.

"No tiene colindancia con la zona federal de playa, presenta una superficie de 32 por ciento de manglar y una superficie forestal de 64 por ciento que limitaría significativamente su aprovechamiento como terreno para desarrollo habitacional y/o hotelero", resaltó.

De la Fuente explicó que la Sedatu vendió el predio a un campesino identificado como Vicente Cetina Novelo por orden de un Tribunal Agrario que, tras un litigio iniciado en 1998, determinó que el predio debía ser enajenado.

En ese juicio, Cetina Novelo demostró que él ocupaba el predio desde 1978, y que, de acuerdo con las leyes agrarias, él tenía derecho a adquirirlo.

También demostró que en 1991 indebidamente se le había otorgado el título de propiedad a una persona identificada como Federico López Pacheco, acto que fue nulificado.

"Nosotros no lo determinamos, lo determinó el Tribunal Unitario Agrario 44 de Chetumal, en una sentencia del 22 de abril de 2013, ellos fueron los que hicieron que se declarara la nulidad del proceso", refirió De la Fuente.

"En esa misma sentencia, donde declaran nulo el título, se declara también la improcedencia de nulidad para poder seguir con el proceso de titulación al solicitante Cetina Novelo, por lo que con la sentencia del 22 de abril de 2013 el promovente siguió con el trámite normal de titulación", señaló.

Tras la sentencia, añadió, el solicitante continuó con todos los trámites para hacerse de la propiedad y ésta finalmente la consiguió en febrero de 2016.

Fuente Reforma.