Senadores del Partido de Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerar que representa un riesgo para los derechos humanos, militariza al país, atenta contra la paz social y no resuelve el grave problema de inseguridad.

Así lo anunció el senador Miguel Barbosa Huerta quien explicó que dicha acción debe ser promovida por 43 senadores que son el equivalente al 33 % de la Cámara Alta.

“No podemos resignarnos a que esta ley se aplique en nuestro país. Si al actual gobierno le quedara un poco de prudencia y responsabilidad, no promulgaría esta ley; pero como eso no ocurrirá, nos defenderemos con las propias armas que nos permite la Constitución: una acción de inconstitucionalidad”, aseveró.

Barbosa detalló que la Ley de Seguridad Interior “significa la potencial escalada en la violación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales que obligan a nuestro país, como impone su artículo primero”.

El senador poblano dijo que esta ley representa la instalación formal de un esquema de vigilancia social mediante la inteligencia castrense; un sistema de espionaje militar, político, discrecional y sistemático, como es la práctica de las autoridades mexicanas.

Otro de los riesgos de esa legislación –detalló–es la amenaza latente de disolución militar a la protesta social, incluso por motivos político-electorales, mediante acciones para identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos a la seguridad, bajo definiciones abiertas, ambiguas y discrecionales.

Dijo que las Fuerzas Armadas no deben asumir la función de la Seguridad Pública, porque su involucramiento en estas tareas altera significativamente la naturaleza de las instituciones básicas del Estado.

Barbosa sostuvo que al haberse aprobado la Ley de Seguridad Interior habrá pocas posibilidades para la depuración, profesionalización y coordinación de las instituciones policiales federales, estatales y municipales, como condición mínima para afrontar la parte punitiva de la política criminal de todo Estado.

Estableció que se oponen a esta ley porque significa la violación de los Artículos 21 y 89 de la Constitución Política, al confundir las funciones del Estado Mexicano de preservar la Seguridad Pública ciudadana y la Seguridad Interior de sus órdenes de gobierno e instituciones.

Fuente: Crónica