Cd. de México (17 diciembre 2017).- Es miércoles 13 de diciembre; han pasado 86 días desde que un sismo magnitud 7.1 sacudió la Ciudad, dañó más de 6 mil construcciones y provocó la muerte de 232 personas. En el salón oval del viejo palacio del Ayuntamiento -sede del Gobierno de la Ciudad- se lleva a cabo la tercera reunión de la Comisión para la Reconstrucción, una instancia en la que confluyen autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil para dar seguimiento a los trabajos de recuperación de la Capital del país.

Nadie ahí parece estar conforme con lo avanzado en tres meses desde que ocurrió el sismo.

Las cifras globales hablan de la magnitud de la emergencia que aún se vive en la Ciudad: 6 mil 100 inmuebles fueron afectados por el sismo; de los cuales, más de cinco mil son casas ubicadas en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. Alrededor de cien mil capitalinos perdieron su vivienda.

Además, en las delegaciones centrales hay 748 inmuebles que "representan un riesgo para la seguridad de las personas". El 65 por ciento de ellos se concentran en 12 colonias de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan.

El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Barrón, informa que el Instituto ha evaluado las condiciones estructurales de 329, menos de la mitad de los edificios dañados.

De los 329 inmuebles ya valorados por el Instituto, 102 deben ser demolidos, 160 pueden ser reforzados y rehabilitados aunque son de alto riesgo, 57 son de riesgo medio y podrán ser ocupados después de ser intervenidos, y 10 fueron catalogados como de riesgo bajo.

Todos están desocupados

El secretario de Obras, Édgar Tungüí Rodríguez, muestra sobre una pantalla 55 diapositivas con los edificios en los que su dependencia ya está trabajando.

El reporte es inquietante: de los 102 edificios ya catalogados para demolición por el Comité de Emergencias, la Secretaría de Obras sólo cuenta con el expediente de 35 y, de ellos, sólo cinco ya fueron demolidos totalmente: Calzada del Hueso 713, Puebla 282, Puebla 280, Concepción Béistegui 1503 y Miramontes 3010.

Otros 10 edificios se encuentran en proceso de demolición; ocho están por iniciar en cuanto se acaben los "trabajos preliminares" (recuperación de pertenencias y acondicionamiento del lugar), y ocho demoliciones están detenidas por investigación o amparo de los propietarios.

Los datos hacen que los presentes levanten las cejas y se muevan en sus sillas.

El investigador Mauricio Merino hace ver al funcionario que, minutos antes, les habían informado que se habían detectado más de 700 edificios como de "riesgo para la seguridad de las personas".

Y advierte que, en caso de ocurrir un nuevo sismo, seguramente todos esos edificios dañados se vendrán abajo.

El funcionario explica que las demoliciones se han tardado más de lo previsto, tanto por el proceso jurídico que debe correrse antes de demoler, como por las condiciones físicas de algunos inmuebles.

"Efectivamente, da la impresión de que vamos muy lentos, pero dependemos de las características físicas del inmueble; en algunos casos estamos entrando con maquinaria, pero en otros hay que hacerlo prácticamente a mano", argumenta.

Merino insiste: "Yo quiero saber, en concreto, si hay recursos para todas las demoliciones que van a hacer falta y cuándo terminan".

El secretario responde que, inicialmente, el gobierno de la Ciudad cuenta con un fondo de 250 millones de pesos sólo para demolición, y lanza una estimación: "si nuestro universo es de 100 inmuebles que debemos demoler, y estamos trabajando en 35, vamos a la tercera parte; calculamos que no más de medio año más".

En ese momento interviene Patricia Mercado, secretaria de Gobierno y máxima autoridad presente en la mesa, para señalar que, cueste lo que cueste, el Gobierno de la Ciudad pagará todas las demoliciones.

"El jefe de Gobierno decidió pagar las demoliciones; si ya decidimos, tenemos que pagar todas; le cueste 20, 200 o 500 millones de pesos, la demolición la tendrá que pagar el gobierno. Ya iniciamos, y no podemos decirle a nadie 'demuele como puedas'".

Mercado trata de explicar por qué se está tardando tanto la dictaminación y demolición de los inmuebles dañados.

"Nada más para aclarar: el Instituto para la Seguridad de las Construcciones no recomienda demolición, solamente dice que está en riesgo. El Comité de Emergencias es el que dice que se debe demoler; es una responsabilidad absoluta del Comité", aclara.

Y, después, admite que esto está tardando más de lo previsto.

"Y a ver cómo podemos resolver este asunto: hoy estamos recibiendo cinco o seis dictámenes diarios, y necesitamos 30 o 50 diarios para poder terminar con ese universo de casi 800 inmuebles en riesgo", reconoce.

Ante la mirada atónita de especialistas como la arquitecta Loreta Castro y la activista Adriana Lobo (directora de WRI México), Patricia Mercado se extiende en sus explicaciones sobre el ir y venir de expedientes entre el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el Comité de Emergencias, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Obras.

"Lo que también está tardando mucho son las notificaciones. Nos estamos tardando muchísimo", admite, "por ejemplo, las 78 familias en Oso Mayor en la Doctores, ya nada más nos faltan dos familias por notificar, pero se tuvo que hacer un trabajo de diálogo, y ya, por fin decidieron. Es un proceso muy largo para que finalmente la gente diga: 'está bien, me notifico'".

Otro tema que menciona la funcionaria es el de las propiedades irregulares y la ausencia de títulos de propiedad, que hace tortuosa la intervención de la autoridad.

"Muchas personas de estos edificios no están regulares. Son posesionarios, pero no propietarios. Si demueles, se quedan sin nada, y viven ahí desde hace 30 años, pero no tienen nada que lo demuestre. Es un problema severo. Ellos quieren un papel de que es suyo, y cómo les damos un papel de que es suyo, si no es suyo...", comenta.

Uno de los retos, de cara a la reconstrucción, es cómo darle a esos posesionarios cierta seguridad jurídica sobre su patrimonio.

Otro problema es el de los edificios catalogados con valor patrimonial por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Mercado informa que en 24 edificios está suspendida la demolición porque están en la mesa del INAH y la Seduvi, donde dos valores están en tensión: la preservación del patrimonio y la seguridad de los ciudadanos ante el riesgo de colapso.

"Es un problemón", admite Mercado, "efectivamente puede suceder un sismo y están en riesgo de colapso; esta comisión tiene que ver con el INAH qué vamos a hacer, porque ahí estamos paralizados".

Finalmente, Mercado suelta una frase poco esperanzadora: "y aquí no estamos hablando aún de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco".

Con ese panorama sobre la mesa, los funcionarios admiten que la reconstrucción será un largo proceso, que trascenderá incluso las campañas políticas del 2018.

El secretario de Obras admite que, como la demolición tardará al menos medio año más, la reconstrucción no tiene fecha para comenzar en las delegaciones centrales.

"Cuando llegamos a demoler, la gente nos pregunta: '¿y ahora qué sigue?, ¿cuál es el siguiente paso?'. Y la Secretaría de Obras no tiene respuesta".

Según el Plan de Reconstrucción CDMX, las dos primeras fases de atención a la emergencia están en marcha: primero, la creación de una plataforma para registrar y validar la información de personas e inmuebles afectados por el sismo, y segundo, la atención a los damnificados con la instalación de albergues, los apoyos gubernamentales para pagar hasta tres meses de renta y la intervención en los edificios afectados.

Ricardo Becerra, titular de la Comisión para la Reconstrucción, explica que están por iniciar la tercera fase, que es la implementación del Plan Técnico-científico de Reconstrucción y Transformación de la CDMX.

A punto de cumplirse tres meses del sismo, la reconstrucción es eso: un proyecto.

Fuente: Reforma.