La ONU exhibe al Gobierno como torturador; testigos narran horrores… de una dictadura

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Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- La oficina del Alto Comisionado de la ONU presentó hoy el informe “Doble Injusticia”, en el que confirma actos de tortura en contra de los detenidos– al menos 34 de 129– por el caso Ayotzinapa. El organismo internacional llamó al Poder Judicial a excluir las pruebas obtenidas bajo tortura y urgió al Estado mexicano a crear una Fiscalía General verdaderamente autónoma.

Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Nacionales en México, presentó el informe sobre las violaciones a derechos humanos en la investigación del caso de Ayotzinapa, tras la documentación que realizaron desde septiembre de 2014 a la fecha, basada en el análisis de expedientes de la indagatoria penal, declaraciones de los detenidos ante el juez y entrevistas realizadas por visitadores a los procesados.

Las autoridades federales detuvieron a 129 personas presuntamente relacionadas con la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Los detenidos son principalmente policías de Iguala, Cocula y supuestos integrantes del grupo delincuencial “Guerreros Unidos”.

De los 129 casos, la ONU en México analizó 69, de los cuales, en 12 no encontró indicios de tortura, en 51 localizó elementos que indican malos tratos o posible tortura y en 34 casos, [33 hombres y una mujer] halló “fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura”, señaló el representante de la oficina de ONU-DH en México.

Los elementos de convicción se basan en las declaraciones de los capturados y en los informes de los exámenes médicos realizados por la PGR presentados en el expediente. “Se certifican más de 30 lesiones compatibles con actos de tortura”, detalló.

Los actos de tortura que documentó la Oficina en México de la ONU son golpes, toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo, violencia sexual, amenazas de muerte y violación sexual a las mujeres de la familia de los detenidos.

“Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar en un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear, me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”, relató en su declaración preparatoria Osvaldo Ríos Sánchez, testimonio recogido por el organismo internacional.

Otra de las narraciones presentadas en el documento es la de Eury Flores brindada el 4 de noviembre de 2014:

“Me volvieron a poner la bolsa en la cabeza y como yo no les decía lo que querían escuchar, me empezaron a dar toq

ues primero en la boca, después me volvieron a poner la bolsa, y otra vez me volvían a pegar en la espalda, costillas, abdomen y después me dieron toques en los testículos, […]después se me subieron dos [hombres] al abdomen y otro me puso la bolsa en la cara, y me dijo que llevaba órdenes del presidente […] me empezaron a dar toques en el ano y me volvieron a poner la bolsa”.

El informe establece que dichos actos fueron realizados por integrantes de la Policía Federal Ministerial, Semar, y personal de la Ministerial de la PGR, principalmente de la SEIDO. Al menos en 23 casos los detenidos acusaron directamente a personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

La tortura y agresiones se presentaron en los medios de transporte.

Los partes informativos muestran que hay demoras, entre 8 y 27 horas, desde el momento de la detención y la puesta a disposición del Ministerio Público.

Las justificaciones que brindó el estado mexicano sobre estas demoras y las lesiones de los detenidos “no son plausibles ni creíbles”, expresó el representante internacional.

“Hasta la fecha no hay información que haya responsables por los actos de tortura; los funcionarios responsables permanecen impunes”, recriminó Jan Jarab.

“… me dieron un culatazo en la ceja izquierda, y me reventaron y me siguieron golpeando […] me trasladaron a un lugar pero en todo el camino me iban dando electricidad y preguntándome por las armas [..] me echaron al suelo y me empezaron a echar agua fría y me empezar a dar electricidad abajo en la planta de los pies y en los huevos […] Llegó un Señor y me empezó hacer preguntas [..] que entonces ahora iba a mandar a matar a toda mi familia, de ahí me empezaron a dar electricidad en todo el cuerpo, en los huevos y atrás en la cola […] que iban a matar e iban a violar a mis hiñas y a mi esposa y que les iban a meter el tubo del cañón en el ano a mis niñas”, establece el relato Patricio Reyes Landa en su declaración del 14 de enero de 2015.

URGE A LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA AUTONOMA

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU urgió al estado mexicano a lograr la transformación de la PGR en una fiscalía realmente autónoma con organismos de control interno y procesos de rendición de cuentas.

El organismo internacional insistió en que es necesario aplicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la creación de un consejo asesor de la lucha contra la impunidad.

Por otra parte, llamó al poder judicial a excluir todas las pruebas obtenidas por medio de la tortura.

“No somos defensores de los procesados sino defensores del estado de derecho para todas las personas”, aclaró el Comisionado.

Las observaciones y conclusiones del expediente no son nuevas, porque la ONU no hizo una investigación paralela, “toda esta evidencia ya está en el expediente” que tendrá que analizar el juez, respondió el representante cuestionado si con este informe se pone en riesgo el proceso penal.

El comisionado expresó que el informe no cambia el desarrollo del proceso penal “al contrario estamos instantes a que se respete el estado de derecho”.

“No se puede resolver una grave violación de derechos humanos [desaparición de los 43 estudiantes] con otras violaciones”, puntualizó.

La ONU documenta torturas a 34 detenidos por caso Ayotzinapa; no está sustentado: Gobierno

El reciente informe de la ONU que denuncia que al menos 34 detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron torturados “no sustenta” dichas acusaciones ni aporta “elementos nuevos” para avanzar en el caso, indicó hoy el Gobierno de México.

En un comunicado, el Gobierno de México señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) omitió en su reporte, presentado hoy, “información relevante” que consta en los expedientes del caso, donde se explica que las pruebas periciales obtenidas se hicieron siguiendo “los más altos estándares”.

“Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”, consideró el Gobierno federal.

La investigación de Naciones Unidas, basada en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas -detenidos, testigos y autoridades-, concluye que hay evidencias de que 34 personas fueron torturadas.

En el escrito, el Gobierno mexicano dijo hoy estar preocupado “de manera especial” porque el informe “arroja conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del poder judicial”.

Explicó que el informe se “limita a abordar cuestiones” que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”.

Según el comunicado, en varias reuniones con esta oficina de las Naciones Unidas, el Gobierno de México compartió “consideraciones y puntualizaciones importantes” sobre el contenido del reporte, tanto por su “metodología” como por los “vacíos de información” que contiene.

El Gobierno aseveró que varios casos han sido analizados y sometidos bajo el Protocolo de Estambul, que no ha acreditado “la comisión de tales actos (de tortura), salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente”.

El Gobierno “reafirma su determinación por esclarecer plenamente el caso”, concluyó.

Además, el Ejecutivo atiende el mecanismo de seguimiento al caso, y la investigación del mismo constituye un “esfuerzo sin precedentes”.

Fuente: Sin Embargo.

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