Mérida, Yucatán 08 de enero de 2019.- El próximo lunes 14, la Contraloría de Yucatán interpondrá 26 denuncias por irregularidades de 533 millones de pesos varios de los cuales podrá configurar a un delito penal contra el Gobierno de Rolando Zapata Bello.

El anuncio se ofreció en conferencia de prensa, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; la Contralora General del Estado, Lizbeth Basto Avilés y el Consejero Jurídico, Mauricio Tapán Silveira, en el Salón de la Historia de Palacio de Gobierno.

Sin embargo, no se mencionaron nombres de ningún funcionario de la administración de Zapata Bello.

La Contralora General dio los detalles en el siguiente mensaje:

El día de hoy estamos cumpliendo los primeros 100 días de este gobierno y por instrucciones directas del gobernador Mauricio Vila Dosal, la Contraloría Estatal desde el primer día ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción, con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad.

Es por esto que al inicio de esta administración estatal —el 1 de octubre de 2018— se realizaron 270 procesos de entrega-recepción. Del 2 de octubre al 31 de diciembre, estos procesos ascendieron a 1,938, de direcciones generales, direcciones y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.

En el proceso de revisión e investigación de esas casi 2,000 carpetas se han encontrado irregularidades financieras en dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Administración y Finanzas, principalmente.

Sólo en estos casos el monto de las irregularidades a denunciar asciende a aproximadamente 533 millones de pesos que inicialmente darán lugar a seis denuncias.

Al menos otras 20 denuncias adicionales serán por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas hallados en los procesos de entrega recepción.
Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico. También, los institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY), Deporte (IDEY), Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY) y Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (IDEFEY); el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior Progreso, CULTUR y el Hospital Comunitario de Peto.

Por ejemplo, en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos y mobiliario y equipo administrativo.

Las 26 denuncias en su conjunto están siendo integradas en este momento, con toda la documentación correspondiente, y serán presentadas el próximo lunes 14 de enero del año en curso ante los órganos correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las secretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo Social y los institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y para la Construcción y Conservación de Obra Pública (INCCOPY), así como otras más en la Secretaría de Salud. Estas ascenderían a un monto de 160 millones de pesos.

Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la revisión de la cuenta pública 2017, ha instruido fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como el Seguro Popular y Escuelas al 100 y fondos como el de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Social, Aportaciones a los Servicios de Salud y de Fortalecimiento de Entidades Federativas. De acuerdo a sus facultades la Contraloría Estatal hará las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.
Fuente: Martha Chan.