- La Vieja Guardia

Proponen una agenda anticorrupción

Fecha: 09 dic 2018

En el Día Internacional Contra la Corrupción, representantes de organizaciones ciudadanas proponen una agenda anticorrupción para el gobierno de López Obrador.

Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana

Para el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, los pilares de la agenda anticorrupción de los próximos años deben ser la prevención, la investigación y sanción y la reparación del año.

"En prevención, terminar de instalar y poner a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. En investigación y sanción, el desarrollo de la Fiscalía General de la República, que es la que tiene a su cargo estas labores, y que se tiene que apoyar en la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, de la Secretaría de Hacienda. Y, tercero, la recuperación de activos y reparación del daño a las víctimas de los delitos de la corrupción, que es casi inexistente en el país", comenta.

Según Bohórquez, es deseable que se lleve a cabo una reforma al SNA aprobado entre 2015 y 2016, pues actualmente es imperfecto e incompleto. Nunca se logró establecer cabalmente, ni a nivel federal ni en los estados, y desde el principio le faltó incorporar a todas las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.

"Desde el primer momento planteamos la necesidad de incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT, y de coordinarse con el INE y la Cofece para temas de lavado de dinero, pero fue uno de los temas que no aceptó la administración anterior", advierte.

Sin embargo, Bohórquez asegura que lo más importante en el corto plazo es aprobar la minuta de la Fiscalía General de la República, nombrar a un fiscal y dotar al Ministerio Público federal de facultades de investigación financiera, con apoyo del SAT y la UIF, pues todos los delitos de corrupción son de carácter financiero.

"Lo otro son sanciones administrativas. Por eso no nos hemos movido del tema del fiscal general. Y tampoco es indispensable el fiscal anticorrupción, lo que importa es que el MP tenga la capacidad técnica para investigar delitos de carácter financiero. No es que no sea deseable la Fiscalía Anticorrupción, de hecho bajo el marco legal actual tiene que nombrarse, pero las capacidades de la Fiscalía Anticorrupción son las de la Fiscalía General", explica.

Para el director de Transparencia Mexicana, es muy destacable que el propio Andrés Manuel López Obrador haya puesto un indicador para medir si su política anticorrupción será o no efectiva.

El académico y activista ciudadano se refiere al discurso del Presidente en la Cámara de Diputados, en el que citó la medición de Transparencia Internacional para argumentar su dicho de que los gobiernos neoliberales corrompieron a México.

"Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos", dijo López Obrador el 1 de diciembre.

Según Bohórquez, lo que dijo AMLO sobre perdón e indulgencia es más una declaración política que el anuncio de una política pública, pues la investigación de la corrupción ya no depende del Presidente.

"Lo entiendo más como una declaración de que no habrá cacería de brujas para que no haya un conflicto político. Pero fuimos muy cuidadosos, en la reforma de 2015, de quitar de la Constitución la necesidad de presentar una denuncia para investigar la corrupción; con esa reforma, está obligado el MP a hacerlo, no se necesita presentar una denuncia. En realidad, al Presidente no le toca definir si habrá o no habrá investigación de la corrupción. A quien corresponde la investigación y presentar ante el juez es al MP federal, que es autónomo", añade.

María Amparo Casar, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

La agenda anticorrupción debe ser central en este sexenio, porque las elecciones de 2018 dieron el triunfo a quien centró su oferta política en el combate a la corrupción, asegura la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.

Sin embargo, la politóloga y analista advierte que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de concepción de la corrupción, pues no la ven como un problema sistémico.

"Comparto con el nuevo gobierno que el combate a la corrupción y la impunidad requiere de voluntad política, sin duda ha faltado; pero eso es una condición necesaria pero no suficiente para tener resultados reales y duraderos. Es indispensable hacer cambios para que el combate a este mal no dependa de la honestidad de una persona o un grupo de funcionarios, sino de medidas que funcionen en el tiempo sin importar quién esté al frente de las instituciones", comenta.

Casar considera insuficientes las 50 medidas de austeridad anunciadas desde julio por el entonces Presidente electo y que se plasmarán próximamente en ley.

Y estima preocupantes algunas medidas como la eliminación del fuero para que el Presidente pueda ser juzgado, pues podría traer consecuencias políticas no deseadas, y la tipificación de actos de corrupción como delitos graves, pues llevaría a que ningún funcionario acusado podría defenderse en libertad.

La académica y presidenta de MCCI sugiere diez puntos para una agenda o una hoja de ruta, para fortalecer el combate a este mal en los próximos años.

1. Fortalecer las instituciones para el combate a la corrupción y, en concreto, construir las capacidades institucionales de la Fiscalía General.

2. Cerrar los espacios para la corrupción en compras y contrataciones del gobierno. Y evitar que, como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 75 por ciento de las compras y contrataciones del gobierno sean por adjudicación directa.

3. Crear un padrón nacional de proveedores del gobierno, establecer la "muerte civil" a aquellas empresas que estén involucradas en actos de corrupción probados; es decir, que no puedan volver a celebrar contratos con el gobierno.

4. Reducir la discrecionalidad en el gasto público y las reasignaciones, pues la diferencia entre el Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso y lo que ejerce el Ejecutivo llega a ser del 15 por ciento. Para 2016, por ejemplo, hubo un gasto adicional de 634 mil millones de pesos, que el gobierno de Peña Nieto gastó de manera discrecional.

5. Estimular la bancarización de todo el dinero circulante; no sólo en las operaciones que involucran al sector público, sino entre particulares. Y el uso de sistemas digitales para hacer transferencias, lo que disminuiría miles de ventanas a la corrupción.

6. Crear un padrón único de beneficiarios de programas sociales, que bajo ninguna circunstancia pueda ser levantado por el gobierno, sino por un organismo autónomo, como el INEGI.

7. Mantener y fortalecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque el primer paso es la transparencia y el gobierno abierto. "Sí hay espacio para reducir el gasto en los órganos autónomos, pero de ninguna manera debe desaparecer el Inai", afirma.

8. Detener el financiamiento ilegal de campañas políticas, pues la corrupción comienza ahí, al comprometer a un gobernante con su patrocinador privado. Una medida adicional podría ser el voto obligatorio, que haría impensable para los partidos tratar de comprar 89 millones de votos.

9. Impulsar la cultura de la denuncia, y de protección al denunciante.

10. Una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción que realmente fortalezca al Comité de Participación Ciudadana, y promueva la coordinación de las instituciones que lo integran, sumando a otras dependencias que aún no están en esa mesa, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT e incluso la Unidad de Fiscalización del INE.

"Es necesario encontrar mecanismos, puntos de inflexión, palancas que tengan el potencial de reducir los altos índices de corrupción e impunidad que caracterizan no solamente al sistema político y a los gobiernos, sino también la relación entre gobiernos y gobernados, porque la corrupción es una cosa de doble vía: hay un funcionario corrupto, pero junto hay un empresario corrupto o un ciudadano corrupto", añade.

Lourdes Morales, Red por la Rendición de Cuentas

El grupo de académicos y activistas ciudadanos que conforman la Red por la Rendición de Cuentas diseñó una propuesta de combate a este mal dividida en cuatro ejes: la profesionalización del servicio público, el fincamiento de responsabilidades, la prevención y erradicación de la corrupción de ventanilla (puntos de contacto), y el combate a la corrupción en redes.

Además, la RRC sugiere que exista un eje transversal de participación ciudadana guiando las acciones que se tomen en los cuatro rubros.

Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas, explica que esta propuesta se comenzó a diseñar desde hace más de un año, con base en la experiencia que dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y podría ser una guía para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Casos recientes han demostrado que esto de la cacería de peces gordos, cuando tienes un sistema de justicia disfuncional, ni es factible, ni te ayuda a combatir la corrupción, y es lo que desde la Red hemos estado impulsando desde que entramos a este debate. Nosotros siempre hemos dicho que la corrupción debe atacarse desde sus causas, y no desde sus efectos burocráticos", explica la también profesora del CIDE.

La propuesta de la RRC es un documento de 183 páginas, que detalla diagnósticos, acciones y resultados esperados.

En el primer eje, se sugiere fomentar el establecimiento de un nuevo servicio civil de carrera y generar los mecanismos que den certidumbre y transparencia de la profesionalización en el servicio público, con medidas de corto plazo (un año), mediano (tres años) y largo (seis años).

Sugiere otras tres medidas: detectar y generar recomendaciones de prevención y mejora en la gestión de personal; garantizar y promover acciones para el debido proceso de los funcionarios públicos que enfrentan procedimientos de responsabilidad por actos de corrupción, y establecer mecanismos de vigilancia y criterios de rendición de cuentas en las designaciones de los órganos autónomos del Estado.

En el eje 2, se sugieren tres acciones de política pública que involucran a los Órganos Internos de Control, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, las contralorías internas, y la Auditoría Superior de la Federación y de los estados, para avanzar hacia el fincamiento real de responsabilidades.

1.Generar un sistema de alertas para la prevención y mejora del ejercicio de la responsabilidad pública; 2. fortalecer los procedimientos de investigación y sanción de faltas leves y administrativas, y 3. mejorar los procesos y técnicas de investigación en materia de delitos de corrupción.

Para la erradicación de la corrupción de ventanilla (eje 3), se propone establecer un mecanismo seguro de protección a denunciantes y testigos, para fortalecer y promover una cultura de denuncia de actos de corrupción.

Además, reducir y transparentar los trámites y servicios que la ciudadanía realiza para obtener servicios, permisos y otros trámites; generar un modelo/esquema de contrapesos y vigilancia de los actos de autoridad, y establecer un sistema de vigilancia de acciones derivadas de las atribuciones legales de los funcionarios.

El eje 4 (corrupción en redes) es el más complejo, pues se refiere a las acciones encaminadas al desvío de recursos que van más allá de las conductas individuales de un servidor público.

Aquí se proponen medidas concretas, como realizar un monitoreo de la información relativa a la evolución patrimonial de los funcionarios; identificar patrones y localizaciones de faltas más frecuentes (a nivel local y federal); elaborar un mapa actualizado y georreferenciado de conflicto de intereses en áreas sensibles, y generar mecanismos de inteligencia de datos a través de cruces para detectar anomalías.

"Este tipo de corrupción requiere reconocer la complejidad del problema partiendo del principio de que no se trata de organizaciones piramidales que se puedan neutralizar con la captura del mando superior o de la cabeza visible. Se trata de un conjunto de interacciones que desafían al Estado y su aparato de seguridad, en las que participan funcionarios públicos, empresarios, banqueros, partidos y otros", advierte la Red.

Morales advierte que el Presidente mencionó en su discurso de toma de protesta muchos qué pero pocos cómo, quizás porque no era el momento para hacerlo. Considera positivo que se hable de separar el poder político del poder económico, pero duda que medidas como tipificar la corrupción como delito grave o eliminar el fuero vayan a funcionar en automático para disminuir este fenómeno.

"Pero tranquiliza que se hable de apertura, de libertad de expresión, y que haya un nuevo gobierno que haya sacudido las estructuras y que obligue a pensar el cómo enfrentar este problema de otra forma y con un fuerte componente de igualad social", añade.

Fuente: Reforma.