Mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presume que será más abierto y transparente, las organizaciones Fundar y Artículo 19 recordaron que el Servicio tiene un historial de defender la opacidad de la información, por lo que le exigieron un verdadero compromiso.

Entre otros puntos, señalaron, puede demostrar ese compromiso con la transparencia entregando la información en materia de perdones y cancelaciones de créditos fiscales, que debió hacer pública desde hace seis meses, pero que ha preferido mantener oculta, a pesar de que hay un mandato judicial para que la libere, y se lo ha ordenado el INAI al menos 32 veces.

El SAT presentó este 14 de agosto la estrategia “Servicio de Administración Tributaria (SAT) más abierto”, con la que pondrá a “disposición de la ciudadanía, el sector privado, la academia y otras dependencias federales, la información de mil 400 millones de registros de los contribuyentes para su análisis económico y estadístico”.

En esta estrategia, dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el 100% del universo de contribuyentes, de los últimos cinco años, “está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo y trabajar con él, pero lo hacemos de forma tal que la identidad también está absolutamente protegida, alcanzando así un buen equilibrio entre informar y transparentar, pero proteger también datos personales”.

En respuesta, las organizaciones Fundar y Artículo 19 señalaron que el compromiso del SAT hacia la transparencia anunciado, “contrasta con su constante negativa a cumplir la Constitución y a transparentar los motivos y los nombres de las personas físicas y morales que han recibido el perdón de sus impuestos o la cancelación de sus deudas tributarias”.

En marzo pasado, tras un amparo impuesto por Animal Político y Artículo 19, un juez en Materia Administrativa indicó que el SAT atenta contra el derecho a la información y el derecho a la justicia, al negarse a transparentar los datos, sobre las empresas a las que desde 2007 le ha condonado o cancelado el pago de adeudos fiscales.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria ha rechazado dar la información, con el pretexto del secreto fiscal y una transgresión a los derechos de los contribuyentes, incluso mientras el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ha definido en varias ocasiones que esos datos deben entregarse, por su alto interés público.

Desde 2014, el INAI ha denunciado al menos en catorce ocasiones al SAT, ante la Secretaria de la Función Pública (SFP), por no acatar la resolución de abrir los datos, aunque en ningún caso ha habido sanciones.

En su posicionamiento, Fundar y Artículo 19 insistieron en que el INAI le ha ordenado al SAT al menos 32 ocasiones abrir la información sobre diversos programas de amnistía y de depuración de cartera, que han beneficiado a las personas con mayores adeudos.

“El SAT ha defendido la opacidad de la información por distintas vías, y a la fecha no ha cumplido la sentencia 191/2016 dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En este amparo presentado por Fundar, el Juez Fernando Silva resolvió que el SAT había transgredido el derecho de acceso a la información al negarse a entregar la información en materia de perdones y cancelaciones de deudas tributarias en el periodo 2007-2015”, apuntaron las organizaciones.

“A su vez, en los próximos días un tribunal de segunda instancia habrá de resolver el recurso de revisión interpuesto por el SAT en contra de la sentencia de primera instancia en donde se le ordenó entregar dicha información a Artículo 19”, agregaron.

Gracias a la revisión de la cuenta pública del 2013, detallaron, se pudo conocer que un programa de amnistía fiscal aprobado por el Poder Legislativo se concentró en 36 empresas, el 0.08% del total de contribuyentes beneficiado, “quienes acumularon el 50.2% de las condonaciones autorizadas”, por un monto de unos 80 mil millones de pesos.

Esas cifras, señalaron Fundar y Artículo 19, dimensionan la relevancia de que el SAT libere la información.

“Es pertinente tener presente que un ejercicio de gobierno abierto implica cumplir con los cuatro pilares del concepto: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva y uso de tecnologías de información”, se lee en su pronunciamiento.

“Hacemos un llamado a que el SAT realmente se comprometa con dichos principios y comience a cumplir con la Constitución”, concluyeron las organizaciones.

Fuente: Animal Político.