A Elba Esther Gordillo le queda pendiente una investigación de lavado de dinero en la Procuraduría General de la República.

La ex lideresa del magisterio presentó un amparo porque no le han dado acceso a una indagatoria que integra la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SEIDO.

En el amparo 483/2018, admitido el 1 de junio por José Díaz de León Cruz, Juez Segundo de Distrito en esa materia, la maestra reclamó la negativa de la PGR para permitirle ejercer el derecho de defensa y proporcionarle los datos de la investigación.

Según los acuerdos publicados en lista por el juez, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) negó que existieran las áreas específicas que supuestamente indagaban el caso, es decir, las Fiscalías 5 y 6 de la Unidad Antilavado.

El juez negó la suspensión definitiva a Gordillo.

Aunque la defensa de la maestra impugnó el fallo, el Noveno Tribunal Colegiado Penal desechó el recurso de revisión al estimar que la persona promovente carecía de legitimación.

El próximo 10 de septiembre el juzgado celebrará la audiencia constitucional en este amparo y, una vez que la lleve a cabo, legalmente ya estará en posibilidad de dictar sentencia.

En este caso, Gordillo alegó la existencia de una carpeta de investigación y no una averiguación previa en su contra, es decir, que en caso de que se tratara de un caso integrado bajo las reglas del sistema acusatorio, se trataría de hechos del 2016 a la fecha, periodo en el que estaba privada de su libertad.

En los listados judiciales no se refiere algún número de carpeta de investigación o algún otro dato sobre la investigación que reclama la maestra.

En el 2016 trascendió que la SEIDO, precisamente la UEIORPIFAM, tenía pendiente una investigación contra la maestra por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 680 mil pesos, correspondiente a su declaración anual del 2011.

Este caso fue consignado, pero tanto el Juzgado Décimo de Distrito en Procesos Penales Federales como después el Segundo Tribunal Unitario Penal, negaron la orden de aprehensión.

Sin embargo, según los antecedentes del caso, esta negativa fue por cuestiones de forma y no de fondo, razón por la que el tribunal devolvió el expediente a la SEIDO para que subsanara las inconsistencias, las perfeccionara y, de ser el caso, volviera a pedir la captura.

Precisamente por esta situación, la defensa de la ex lideresa del SNTE presentó una demanda de garantías y en su momento consiguió que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Amparo Penal suspendiera cualquier intento de la PGR por consignar de nueva cuenta este asunto.

A la fecha, se desconoce públicamente si el caso sigue en integración o la SEIDO ya determinó el no ejercicio de la acción penal.

Fuente: Reforma