En su tercera evaluación de seguimiento del Observatorio Ciudadano de cumplimiento de la Agenda Ciudadana, que incluye a los poderes Ejecutivo y Legislativo y al Ayuntamiento de Mérida, el colectivo ¡Ya Basta! advirtió del escaso cumplimiento de los compromisos adquiridos, de la persistencia en la opacidad en los asuntos públicos y de las numerosas trabas que existen en el acceso a la información pública.

El colectivo señaló también que varios de los compromisos de campaña más publicitados tanto de las actuales autoridades estatales como municipales solo han sido parcialmente cumplidos y están empañados por la falta de transparencia, de manera que la rendición de cuentas sigue siendo letra muerta.

Asimismo, el equipo promotor lamentó la falta de fiscalización del gasto público por parte del Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado y de la ineficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, al que calificó de "un club de burócratas caro" y un organismo sin dientes, además de “mudo”.

En relación con la contingencia sanitaria, la maestra Blanca Estrada Mora, integrante del equipo promotor de ¡Ya Basta!, dijo que hay claroscuros en el manejo de la pandemia, con aciertos y errores, atribuible no solo a las autoridades estatales y municipales sino también a los propios ciudadanos, inmersos en la incertidumbre y el temor social.

"Han pasado cuatro años desde que inició este proyecto ciudadano, cuatro años de aprendizajes, de vivencias y experiencias aleccionadoras, de situaciones frustrantes al atestiguar la prevalencia de la impunidad que es el manto protector de la corrupción", subrayó Maricarmen Balam Díaz, integrante del colectivo.

La joven, la primera en hablar en el balance de seguimiento, hizo una reseña del surgimiento hace 4 años de ¡Ya Basta! y de las actividades más relevantes que ha realizado, entre ellos el seguimiento de los temas de la Agenda Ciudadana, así como de las promesas de campaña más publicitadas del titular del Ejecutivo, el alcalde de Mérida y el Congreso del Estado, que en esta ocasión, por la pandemia, se extendió a un año, en vez de seis meses.

Dijo que resulta satisfactorio informar que durante el año transcurrido, el compromiso firmado para la adopción del Modelo de Parlamento Abierto por el Congreso del Estado, ha sido cumplido, lo que representa un paso más para el fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.

"Nadie obtiene logros sociales de manera individualista, por ello, el colectivo agradece el apoyo de un buen número de ciudadanos, agradece la respuesta a las convocatorias que se han emitido, la participación a través de las redes sociales y de manera especial, agradecemos a ustedes, los medios de comunicación por la cobertura que han brindado durante estos cuatro años a nuestras actividades.La ciudadanía es una profesión difícil, pero es parte fundamental de nuestra responsabilidad el ejercerla. ¡Gracias!", expresó Maricarmen en la rueda de prensa.

En su turno, la maestra Marysol Canto Ortiz se refirió al seguimiento de la Agenda Ciudadana y de los compromisos de campaña más publicitados del candidato y ahora gobernador Mauricio Vila Dosal, como el de adoptar el modelo de Gobierno Abierto, el cual, dijo, ha sido atendido de manera parcial.

Indicó que suscribir la declaratoria para la implementación de acciones para un Gobierno Abierto es el único punto que ha sido iniciado, pero el de instalar el Secretariado Técnico de ese modelo está en proceso, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a participar a fin de evitar que ese cargo "sea secuestrado por aplaudidores, o algún personaje con intereses personales mayores a los intereses de la sociedad en general".

La maestra Canto Ortiz afirmó que el segundo compromiso de la Agenda es el de adoptar el estándar de contrataciones abiertas, el cual se encuentra como no iniciado, y en cuanto al tercero, que es el de crear un programa para fortalecer la contraloría social, se dio como iniciado desde hace meses, pero no ha tenido variación.

Luego se refirió al cumplimiento de promesas de campaña más publicitadas, como el de la Chequera de la Salud, que incluye cinco vertientes que en su mayoría recaen en la Secretaría de Desarrollo Social, la cual proporcionó algunos montos ejercidos del programa.

Señaló que no ocurrió lo mismo con la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual dijo que en el rubro de traslado de pacientes no tenía información digitalizada del arrendamiento de vehículos y pretende cobrarles $788 por 197 copias simples.

"Qué caro le sale al ciudadano tener acceso a información que de acuerdo con la ley de transparencia es pública, debe estar alojada en el Portal Nacional de Transparencia vinculada al Portal Estatal de Transparencia y, por tanto, debe estar en formato digital", señaló.

La maestra indicó también que, luego de una "búsqueda exhaustiva y minuciosa realizada en los archivos que obran en el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano y Territorial no se encontró documento con información relativa al Plan Maestro o Programa Sectorial de Movilidad Urbana del Estado de Yucatán, a la reglamentación para contar con un Sistema Integral de Movilidad Urbana para el Estado de Yucatán", lo cual representa otro incumplimiento por parte del Ejecutivo.

El tercero en intervenir fue el empresario Nicolás Andrés Dájer, quien se refirió a los compromisos de la Agenda Ciudadana y los ofrecimientos de campaña del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

Andrés Dájer dijo que de los cuatro compromiso de la Agenda, el alcalde solo ha iniciado uno, el de adoptar el modelo de Gobierno Abierto, pues los demás, como el de fortalecer la contraloría social y la adopción del estándar de contrataciones abiertas no han sido iniciados.

"Este último no lo puede cumplir porque necesitan 5 millones de pesos para implementarlo y no disponen de dichos recursos, pero sí tiene aprobados $95 millones para tecnologías de información, $158 millones para servicios profesionales científicos y técnicos; $199 millones para la adquisición de Software y licencias informáticas y $162 millones para publicidad y comunicación social", indicó.

En el cuarto compromiso, el de darle máxima publicidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas, advirtió que este punto "no solamente no se ha cumplido, sino que funcionarios municipales podrían estar transgrediendo la ley".

El empresario hizo una relatoría para ilustrar este hecho, en el que, según consideró, se habrían cometido delitos como los de cohecho, abuso de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento, soborno y utilización de información falsa.

Se trata del caso de la empresa Lion Capital Inversiones, que, según dijo, sin tener permisos remodeló una casona de la colonia México y violó sellos de clausura en dos ocasiones, pasando por encima de la ley, para instalarse y empezar a operar escudándose únicamente en un supuesto permiso de "remozamiento de vivienda", cuando se trata de un predio para la apertura de una compañía.

"Inaudito es que servidores públicos municipales lleguen al extremo de complicidad transgrediendo cualquier límite como en este caso, rebasando toda presunción y más, por mucho más, al ser Director General de Lion Capital Inversiones el Sr. Guillermo Ortiz León, tal como se ostenta y presume, al igual de tener estrechos vínculos y amplia participación en el pasado cercano con el Lic. Víctor Caballero Duran, contrincante en el 2018 por la Presidencia Municipal de Mérida, del hoy alcalde Lic. Renán Barrera Concha(sic)", dijo Andrés Dájer.

"Lo anteriormente expresado es una muestra de que, ante posible pacto o acuerdos políticos, la Ley de Responsabilidades Administrativas de Yucatán es violada impunemente. Por consiguiente para el seguimiento que da este colectivo al referido compromiso suscrito, reconsideramos como no iniciado", subrayó.

El empresario también señaló presuntas anomalías en un proyecto de iluminación con energía limpia de la Comuna, así como en el programa "Tu casa segura", que se cumplió al contratar un seguro para quienes paguen el predial, pero sobre el cual surgen numerosas dudas en el manejo del millonario contrato con una empresa.

En cuanto al programa de pavimentación de calles al 100% dentro del Anillo Periférico, dijo que está en proceso de cumplimiento por parte del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.

Finalmente, la maestra Estrada Mora hizo un balance del manejo de la pandemia por el Covid-19.

Señaló que no hay claridad en el destino de los $1,500 millones que el gobierno del Estado aplicó en el área de salud y los programas para la reactivación económica, y afirmó que se violaron los principios de universalidad, igualdad, equidad, eficacia y transparencia que se ofrecieron, así como las reglas de operación de varios programas.

Indicó que lo mismo ocurre con el Ayuntamiento de Mérida, donde no hay información clara y completa de los recursos que se reasignaron para atender la contingencia, y no existe incluso, el acta de la sesión de Cabildo donde se aprobó tal reasignación, de acuerdo con la respuesta que les dieron a su solicitud de información.

Resumió en 10 puntos el balance del manejo de la pandemia: 1) Adelanto de medidas de confinamiento, potenciando incertidumbre y temor social; 2) Falta de un programa integral de atención y prevención; 3) Falta de información precisa, accesible y oportuna, que dio pie a la manipulación informativa; 4) Aprovechamiento de la contingencia para la obtención de recursos extraordinarios, y 5) Procesos discriminatorios para el acceso a programas de apoyo y medidas sectarias para la reactivación económica.

Asimismo: 6) Violación a las reglas de operación de los programas emergentes; 7) Opacidad en las adquisiciones sustentadas con el estado de emergencia; 8) Medidas ilegales y arbitrarias; 9) Polarización social ante las incongruencias y contradicciones, y 10) Prioridad al posicionamiento publicitario y de marketing en busca de rentabilidad política.