El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advierte que México atraviesa por una crisis de inseguridad y una coyuntura crítica por la violación a las garantías individuales. Han pasado tres años desde que asumió el cargo de ómbudsman nacional, tiempo suficiente para hacer un diagnóstico a nivel nacional. Comenta la grave situación que se vive para los periodistas y para los defensores. Menciona casos que han quedado en la impunidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, González Pérez lamenta el asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. Indica que varios de ellos han sido amenazados y por eso habrá una reunión de la federación de ómbudsman.

Comenta que las autoridades son indiferentes y omisas ante los ataques a los defensores de los derechos humanos. Dice que en el caso de agravios a periodistas impera la impunidad. Indica que a la fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) le hace falta determinación.

Sostiene que las garantías individuales no son una moda y que, aunque hay grandes avances, no son suficientes para un Estado democrático. En el proceso electoral, declara que los aspirantes deben tener presentes los derechos humanos y pide que no se estigmatice a los activistas como provocadores. Enfatiza que no son adversarios.

La violencia va en aumento. Octubre es el mes más violento en 20 años, ¿qué está pasando?

—No se ha podido controlar el tema de la inseguridad en el país. Llevamos mucho tiempo con este flagelo y con esta incertidumbre social. No nos van a alcanzar las corporaciones policiales para contener. Hay que ver de manera integral el modelo que requiere el país, pero la discusión está atorada. Requerimos ver el modelo de la fiscalía que también está atorado, no hay ni titular. Hoy estamos de luto porque se atentó, no sólo contra un defensor de los derechos humanos, sino contra el titular de un órgano autónomo del Estado. El mensaje es muy fuerte y es: ‘No nos detienen, podemos atentar contra cualquiera’”.

¿Los defensores de los derechos humanos están incomodando?

—Sí, no somos gratos y pareciéramos incómodos, porque no se ha entendido la pedagogía de lo que es la figura del ómbudsman. Generamos leyes y órganos, pero después no queremos reconocer su ámbito jurisdiccional y no atendemos sus recomendaciones. En el caso de lo que vimos [en Baja California Sur] muestra la indiferencia en la prevención.

Que se profesionalice el trabajo de las procuradurías. Estamos inmersos en ver quiénes son los precandidatos a la Presidencia de la República y los derechos humanos siguen estando pendientes.

¿Las autoridades son omisas o indiferentes?, se conjugan. Han sido omisas porque no han atendido las acciones suficientes que permitan cambiar la situación y porque no atienden las recomendaciones con puntualidad de la CNDH. Son indiferentes porque no están tomando, con la seriedad que se debe, un tema que es pilar en cualquier democracia. El respeto a las garantías es un índice de medición del avance de un país.

¿Hay ómbudsman de los estados que estén amenazados por el crimen organizado?

—Sí ha habido momentos en que defensores públicos de derechos humanos han sido motivo de amenazas. Tenemos el caso de Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. Sonora vivió momentos difíciles. Los defensores públicos necesitamos que realmente se generen condiciones para que podamos hacer este trabajo.

¿El ómbudsman nacional en funciones ha recibido algún tiempo de amenazas?

—No he recibido amenazas. Esta gestión en tres años tampoco ha sido tersa. Mis pronunciamientos sobre la solidez de las pruebas genera incomodidad en algunos momentos y tensiones, porque todavía no se entiende que somos ese contrapeso. No buscamos ni tenemos adversarios, esperamos ser coadyuvantes, colaborativos, interactuar y dialogar, pero no podemos cerrar los ojos ante violaciones a los derechos.

En los casos que menciona, ¿hay alguna denuncia en la PGR?

—Hay algunas medidas.

¿No los callarán?

—Seguiré alzando la voz. De qué serviría una recomendación que se guarda en el cajón o que le llegue al escritorio del funcionario. Las estigmatizaciones sobre los defensores pueden ser provocadoras.

¿Requieren de seguridad?

—Voy a tener una reunión con la federación [de ómbudsman en el país] porque estamos preocupados, molestos e indignados. Nos vamos a reunir para establecer líneas de acción.

En los agravios a periodistas, ¿cómo se encuentra el país?

—Mal. Se han incrementado, pero el tema es la impunidad. Ahí tenemos pendientes casos emblemáticos, por ejemplo, el de Javier Valdez, en Sinaloa. Ese caso debe tener la atención que mande una señal de que se va a avanzar para acabar con la impunidad. Tenemos un tema estructural de pobreza y desigualdad, inseguridad y violencia, corrupción y derechos.

¿Cómo atacamos el problema si no hay voluntad?

—Con un pacto. Ponernos de acuerdo en temas de seguridad y derechos humanos, es decir, ver el planteamiento, no como respuestas aisladas, sino integrales. Ver las respuestas no cortoplacistas sino transexenales.

¿Qué ha hecho la PGR en los agravios a periodistas?

—¿Qué sucede con la fiscalía?, le ha faltado determinación para que algunos casos los atraiga. La política que ha seguido es coadyuvar, pero se requiere mayor determinación.

En el panorama general en materia de derechos humanos, ¿qué pasa con el sistema penitenciario?

—Avanzamos en lo federal, pero no estamos exentos de que se siguen presentando los problemas, por ejemplo, la atención médica. Donde hay una crisis palpable es en varios de los centros de las entidades federativos. No hemos visto mejoras y sí retrocesos.

¿Parece que invertir en las prisiones estatales no es prioridad?

—Es un equívoco porque ningún sistema de política criminal podrá ser exitoso si se deja suelto una de sus partes y el asunto no termina con una condena, sino en la reinserción social. ¿Qué ha pasado con los recursos que se han dado para los centros?

¿Cómo nos encontramos en cuanto a la desaparición forzada?

—En febrero [de 2015] di un diagnóstico crudo, pero realista. Lo presenté ante el comité de desapariciones de la ONU. La semana pasada tuvimos la promulgación de la ley, es un gran avance, hay que reconocer; sin embargo, nos tardamos.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en el país?

—Está un informe que hicimos. Muestra las propias contradicciones de la autoridad en sus números por las 32 entidades federativas y la Federación a través de la PGR. Andamos cerca de 32 mil desaparecidos.

La población indígena, ¿es un grupo muy vulnerable?

—Son varios los temas en pueblos y comunidades indígenas, uno es el de los internos en los centros penitenciarios. En algunas ocasiones se identifica que no tuvieron el traductor adecuado. El tema que ahorita hemos identificado es algo que para las poblaciones indígenas es un principio y un derecho, la consulta previa, libre, informada, adecuada y de buena fe.

¿En cuanto al desplazamiento forzado interno?

—Es un tema que la CNDH ha visibilizado derivado de la violencia. Por la violencia, se desplazan. Emitimos una recomendación a Sinaloa por más de 2 mil víctimas.

Dos mil en Sinaloa, ¿y en el país?

—Identificamos como botón de muestra, en el informe, poco más de 35 mil; sin embargo, no quiere decir que sean los únicos. Ahora propusimos al Inegi que en el próximo censo se haga un levantamiento de las personas desplazadas en la nación.

¿El feminicidio va en aumento en algunos estados?

—El procedimiento que está previsto en la ley contra la violencia de las mujeres es una buena herramienta que no va a resolver toda la problemática, pero permite dirigirnos a las autoridades. Tenemos 28 procedimientos en 27 entidades federativas. La alerta requiere fortalecerse.

¿México está en una crisis en materia de derechos humanos?

—Sí. En una crisis de inseguridad. Tiene una coyuntura crítica en materia de derechos humanos.

En estos cinco años, ¿hay avances, pero no suficientes?

—Hay avances y no son suficientes. México ha tenido avances. La existencia de la comisión es un avance y un contrapeso, con sus picos. La ley general de niños, niñas y adolescentes, de tortura y de desapariciones son avances, pero las legislaciones no cambian ciertas realidades y necesitamos que se apliquen. El nuevo sistema de justicia penal es un avance.

Estamos en proceso electoral, ¿el tema de los derechos casi nunca está en las propuestas de los aspirantes a la Presidencia?

—Quien vaya a contender por ser Presidente o Presidenta, tiene que tener el piso mínimo de lo que tiene que hacer en derechos humanos. No puede haber ningún programa de gobierno que no visibilice las garantías, ¿qué mirada van a tener los candidatos a las personas en contexto de migración en doble vía, la defensa de nuestros connacionales en EU y la congruencia de aplicar lo que pedimos a los nacionales centroamericanos que entran al país?; tenemos el tema del medio ambiente, los derechos económicos, sociales y culturales; ¿cómo le vamos a entrar al tema de la pobreza, cómo le vamos a entrar a la agenda 20-30, al salario mínimo decente?, los derechos son vivir con dignidad.

Fuente: El Universal.