En el marco de su quinto aniversario, el colectivo Ya Basta! dio a conocer hace unos días su sexta sesión del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento, en el que reprobó de nuevo al Poder Ejecutivo y el Ayuntamiento de Mérida por el incumplimiento de sus compromisos y señaló que la presunción de transparencia que pregonan es simplemente un montaje muy caro, basado en mentiras, simulación, escenografía y coreografía.

Asimismo, pasó de las palabras a los hechos al informar que interpuso una demanda de amparo contra el Congreso del Estado por violar el derecho de petición de esa agrupación, toda vez que han pasado ocho meses y hasta ahora se niega a recibirlos para darle seguimiento al tema del Parlamento Abierto, modelo que adoptó el Poder Legislativo.

En otra arista de su evaluación, Ya Basta! reveló que el nuevo circuito periférico Va y Ven no se basó en una nueva concesión, ni hubo una licitación de medio, sino que dos empresas que obtuvieron sus concesiones en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entre ellas una de Luis Felipe Saidén, secretario de Seguridad Pública, se las cedieron a la nueva empresa que presta el servicio.

Al referirse a la evaluación del Ayuntamiento de Mérida, la maestra Blanca Estrada Mora afirmó que, de los seis compromisos que firmó el alcalde Renán Barrera Concha, solo dos están en proceso y cuatro sigue sin cumplirlos, y señaló que, en general, continúa la opacidad, la nula rendición de cuentas, la simulación y la pretendida manipulación del imaginario colectivo.

También afirmó qué hay cero combate a la corrupción y el mejor botón de muestra está en la Dirección de Desarrollo Urbano de la Comuna donde se toman medidas unilaterales y facciosas y se expiden permisos y licencias que generan fuertes dudas.

En su turno, la maestra Marysol Canto Ortiz indicó que de los cuatro compromisos que adquirió Mauricio Vila Dosal como candidato a la gubernatura en la campaña de 2018, dos están en proceso y dos siguen sin cumplirse.

La maestra señaló que en esta ocasión escogieron dos de los 136 compromisos que asumió el jefe del Ejecutivo en su propio Plan estatal de Desarrollo 2018-2024, los de aplicar un código urbano estatal que vigile. la legislación en materia de desarrollo urbano y sustentabilidad y la instalación de internet en los municipios, pero ninguno se ha cumplido, lo que constituye, dijo, un engaño.

Otro integrante del colectivo, el empresario Nicolás Andrés Dájer, fue quien se refirió al incumplimiento del Congreso del Estado en materia del ejercicio de Parlamento Abierto y reveló que presentaron la demanda de amparo contra el Poder Legislativo, por no responder a su derecho de petición formulada a través del diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXIII Legislatura, así como por violar la propia Ley Orgánica del Legislativo.

El empresario censuró la “toma o abordaje del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo utilizando su dominante mayoría legislativa, integrada por elementos cuyo hashtag es TodosSomosPetronilo -bufo legislador yucateco de mediados de los sesentas, siglo XX-, hoy clonados diputadas y diputados del Poder Legislativo, quienes en forma rápida y expedita cumplieran la ordenanza recibida, ignorando o ignorantes de su función como legisladores, ignorando o ignorantes de la función del poder el cual integran e, ignorando o ignorantes de su propia Ley de Gobierno”.

Andrés Dájer resumió que el montaje muy caro de la presunta transparencia en la esfera estatal y municipal se complementa con un “inaudito vedetismo, con un claro, clarísimo fin específico: corrupción desmedida, y la construcción de muy personales, personalísimos, proyectos políticos en marcha”.