María Fernanda Vivas Sierra, directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán (Cecoley), ha sido cuestionada en redes sociales por posibles inconsistencias en su currículum, presentadas durante la conformación del gabinete estatal. Según se menciona, Vivas Sierra aún no habría concluido sus estudios en la licenciatura en Derecho, a pesar de haber sido presentada como titulada.

La polémica surgió cuando la Coordinación de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) publicó una lista en la que se incluía su nombre para la entrega de la constancia de conclusión de su servicio social, un requisito necesario para obtener el título profesional. Sin embargo, poco después, la publicación fue eliminada y posteriormente actualizada sin incluir su nombre.

El artículo 684-G, apartado III de la Ley Federal del Trabajo, establece que los funcionarios en cargos de conciliación deben cumplir con al menos tres años de experiencia y contar con un título en áreas afines, condiciones que, de acuerdo con la información difundida, no se cumplirían en este caso.

Por otro lado, el artículo 250 del Código Penal de Yucatán considera como delito el ejercicio ilícito del servicio público para quienes desempeñen un cargo sin cumplir los requisitos legales. Esta normativa señala que quienes incurran en este delito podrían enfrentar penas de uno a tres años de prisión y multas de treinta a cien días.